LA DESCERTIFICACIÓN DE TRUMP MUESTRA LA DOBLE CARA DEL GOBIERNO GRINGO.

Si bien en los últimos años el consumo de cocaína en EE.UU. se ha mantenido estable, la epidemia de fentanilo ha dejado decenas de miles de muertos y el daño social se acrecienta. Solo en 2022, los muertos por consumo de fentanilo superaron los 100.000 consumidores. Pese a este fracaso interno, Washington se autoadjudica el derecho de descertificar a otros países, mostrando una hipocresía que deslegitima su política antidrogas.
Durante la última década, Estados Unidos no ha logrado avances significativos ni en el consumo de drogas ni en la reducción del daño asociado. El consumo de cocaína se ha mantenido estable en más de cuatro millones de usuarios anuales, mientras que la crisis de opioides —especialmente el fentanilo— ha alcanzado proporciones catastróficas y aunque en 2024 se reportó una leve reducción, el nivel de mortalidad sigue siendo escandaloso. El mercado de drogas en EE. UU. no solo se mantiene intacto, sino que se ha diversificado, combinando estimulantes con opioides sintéticos, lo que incrementa la letalidad.

Estos hechos desnudan la hipocresía del gobierno norteamericano. Washington se erige en juez que “descertifica” a otros países por supuestos fracasos en la lucha antidrogas, mientras en su propio territorio la epidemia avanza sin control. Es el clásico caso de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

La política de descertificación no tiene legitimidad moral, pues Estados Unidos, principal consumidor y lavador de capitales de la cocaína, no puede responsabilizar a terceros de un problema que es, ante todo, consecuencia de su demanda interna. Pretenderlo es cinismo puro y simple. Luego, examinaremos el fracaso de sus acciones en el control al lavado de activos.

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