CÉSAR GAVIRIA ARMÓ EN 1991 UN FESTÍN PRIVATIZADOR Y PUSO EL ESTADO AL SERVICIO DE SARMIENTO ANGULO

El Artículo Transitorio 20 de la Constitución de 1991 permitió al Gobierno Nacional reestructurar entidades del Estado en un plazo de 18 meses. Bajo este mandato, el presidente César Gaviria lideró un proceso agresivo de privatización, enmarcado en la cuestionada agenda de apertura económica impuesta por el Consenso de Washington. Se vendieron 30 entidades financieras, incluyendo los bancos de los Trabajadores, Tequendama, del Comercio, de Colombia y Corpavi, entregando activos públicos por apenas 687 millones de dólares. El principal beneficiario de esta oleada privatizadora fue el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo. A través del Grupo Aval, expandió sin contención su poder en el sistema financiero colombiano. En 1992, el Banco de Bogotá —bajo su control— absorbió el Banco del Comercio. Posteriormente, adquirió el Banco Popular, AV Villas y el Banco de Occidente, afianzando una hegemonía que hoy condiciona buena parte del destino económico del país. Este proceso no fue una simple modernización. Fue una transferencia masiva de riqueza pública a manos privadas, que concentró aún más el poder económico en unos pocos. Las privatizaciones de los noventa representan una de las más crudas expresiones del neoliberalismo: el Estado al servicio de los grandes grupos financieros y no de la ciudadanía. Lo más grave es que, después de 34 años de promulgada la Constitución de 1991, ningún gobierno —incluido el actual Gobierno del Cambio— se ha tomado en serio la democratización del sistema financiero. Sigue pendiente la construcción de una banca pública robusta y popular que respalde de verdad la economía campesina, los emprendimientos comunitarios y el trabajo informal, pilares invisibles pero esenciales de la economía nacional.

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