EL ESCUDO SANITARIO NO ES BUROCRACIA. POR QUÉ TANTOS TÉCNICOS CONTRATADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO.

Parece que el tigre y su nuevo ministro de agricultura llegaron a aprender.

Reducir la contratación de prestación de servicios (OPS) en la institucionalidad agropecuaria bajo la narrativa del "recorte burocrático" parte de un diagnóstico erróneo. La permanencia de miles de técnicos y profesionales que comenzó en el gobierno de Iván Duque y continuó en el de Gustavo Petro no respondió a un derroche administrativo, sino a la escala operativa que exige proteger la producción alimentaria del país.

El argumento principal reside en la dimensión del campo colombiano. Solo en el frente pecuario, el país sostiene un hato ganadero de más de 29,5 millones de cabezas distribuidas en más de 750.000 predios. Monitorear la salud de este inventario, garantizar los dos ciclos anuales de vacunación contra la fiebre aftosa y contener emergencias epidemiológicas —como el brote de influenza aviar o la amenaza del hongo Fusarium R4T en el banano— exige un ejército de veterinarios, ingenieros agrónomos y laboratoristas desplegados en territorio, puertos y carreteras de forma permanente.

Desmontar esta capacidad operativa sin una transición ni un empalme riguroso representa un riesgo directo para la salud pública y la economía nacional. Un bache en los controles de inspección fitosanitaria y zoosanitaria expone a la población a zoonosis e inocuidad deficiente en los alimentos, al tiempo que pone en peligro las certificaciones internacionales. Un solo foco de aftosa por falta de supervisión en campo congelaría las exportaciones de carne y lácteos, destruyendo mercados que tardaron décadas en abrirse.

Confundir la operatividad técnica en territorio con "nóminas paralelas" es ignorar que estas entidades funcionan como cuerpos de socorro fitosanitario. Desmantelar esa fuerza de trabajo bajo el pretexto de la austeridad no ahorra recursos: deja al país desprotegido ante plagas y epidemias de alto costo social y financiero.