LA TAL CRISIS DE SEGURIDAD ELECTORAL

Este análisis, redactado con el rigor que exigen los datos históricos, demuestra que la actual crisis de seguridad electoral no es un fenómeno inédito ni una responsabilidad exclusiva de la administración actual, sino la persistencia de un conflicto estructural que el Estado no ha logrado erradicar en décadas.

​Lo primero que hay que decir es que el riesgo electoral no nació con el gobierno actual.

​En cada ciclo electoral, Colombia asiste a una especie de "amnesia colectiva" donde los problemas estructurales de la democracia se presentan como si fuera un problema de última hora. Hoy, de cara a 2026, las cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE) que reportan 170 (u 185) municipios en riesgo han servido para alimentar la tesis de que estamos ante un retroceso sin precedentes, exclusivamente imputable al actual gobierno. Sin embargo, la frialdad de los datos históricos desvirtúa esta lectura simplista.

​1. El mito de la "Crisis Nueva"

​Si miramos con espejo retrovisor los últimos 16 años, la cifra actual de municipios en riesgo (170) no es un pico histórico, sino un retorno a los niveles de 2018 y una situación significativamente más leve que la de hace una década; 

​En el 2010, terminando el gobierno del presidente Uribe, 241 municipios de situaban en riesgo (El punto más crítico de la historia reciente).

En el ​2014, 212 municipios en riesgo.

En el ​2018, 170 municipios en riesgo, exactamente los mismos de hoy. 

​En el 2022, 131 municipios en riesgo (El mínimo histórico tras el Acuerdo de Paz).

Y este año ​2026, eni 170 y 185 municipios en riesgo.

​Lo que vemos en 2026 es el fin de una situación que vivimos en 2022 gracias al proceso de Paz con las FARC, pero de ninguna manera es un escenario peor que los vividos durante los gobiernos de la "Seguridad Democrática" o la "Prosperidad para Todos". Culpar a una sola gestión de un fenómeno que tenía 241 municipios incendiados en 2010 es ignorar la profundidad del problema.

​Municipios en Riesgo Extremo.

​Es cierto que el riesgo extremo ha aumentado un 65% respecto a 2022 pasando de 49 a 81 municipios. Pero este aumento no se debe a un cambio de ideología en el palacio presidencial, sino a la reconfiguración territorial de grupos armados como el Clan del Golfo, las disidencias y el ELN, que han ocupado los vacíos que el Estado —históricamente— nunca llenó tras la salida de las FARC.

​Las zonas críticas de hoy el corredor del Pacífico, Norte del Cauca, Catatumbo y Arauca, son exactamente las mismas que aparecían en rojo en 2010 y 2014. El problema no es "nuevo"; es persistente.

​La tesis de que el fraude es culpa del gobierno de turno olvida que la MOE mide el "riesgo coincidente". En municipios como los del Catatumbo o el Chocó, la violencia armada históricamente ha sido la herramienta para garantizar el fraude. La trashumancia electoral y los comportamientos atípicos de votos nulos no son inventos de 2026; son mañas que han sobrevivido a todos los presidentes de este siglo.

​La responsabilidad es del Estado, no de un Gobierno

​Atribuir la inseguridad de estas elecciones únicamente a Petro es una lectura política, no un análisis estadístico. Los datos demuestran que:

1. ​Estamos en niveles de riesgo similares a los de hace 8 años.

2. ​Seguimos estando mejor que hace 12 o 16 años.

​3. El retroceso frente a 2022 es real, pero responde a un ciclo de violencia estructural que se alimenta de economías ilícitas (minería y coca) que el Estado no ha sabido sustituir.

​4. La democracia colombiana no está enferma de "petrismo" ni estuvo sana por el "uribismo"; está enferma de una ausencia estatal crónica en las periferias. El mapa de la MOE no es una calificación de un gobierno, es el diagnóstico de una nación que sigue sin poder votar en paz en los mismos municipios de siempre.

 Aún así, el reporte de la fuerza pública de la situación del domingo pasado es que la jornada electoral transcurrió con hechos puntuales de perturbación electoral pero control institucional del orden público, dejando en evidencia que el desafío central del sistema electoral colombiano más que la violencia armada, son las maquinarias políticas y las economías ilegales que inciden en la política.

 

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