EL DÉFICIT FISCAL ES PRODUCTO DEL CERCO QUE LOS VERDADEROS DUEÑOS DEL PODER LE HAN IMPUESTO AL GOBIERNO DEL CAMBIO

El denominado "caos fiscal" que agita a diario la oposición es, en realidad, la cortina de humo para ocultar el sabotaje sistemático al buen desempeño del gobierno. Es cierto, hay un desbordamiento de las finanzas públicas, pero ello, es el resultado de un cerco cuidadosamente diseñado para recortar los ingresos del Estado e impedir que el gobierno cumpla los compromisos establecidos en el plan de desarrollo

El primer cerco que los dueños del poder real le han puesto al gobierno es mediante la judicialización de la política económica. Ojalá fueran sentencias jurídicas inspiradas en fundamentos técnicos; en realidad, son decisiones acomodadas que sirven de forma perversa al interés particular. 

1. El golpe más injusto y falaz fue la decisión de las altas cortes de revivir la deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta, permitiendo que las multinacionales extractivas descuenten de sus obligaciones tributarias, el pago por el uso de recursos que son propiedad de la Nación. Este fallo no es un asunto menor: le arrebató al erario $6.7 billones de pesos anuales. Este no fue un error de cálculo del Gobierno, sino un cambio en las "reglas del juego" por parte del poder judicial que benefició directamente a las grandes empresas extractivas, abriendo un gran hueco fiscal que ahora la oposición utiliza como arma política.

2. La reforma tributaria buscaba además, que las empresas en Zonas Francas cumplieran con un plan de exportación para mantener la tarifa preferencial del 15% de renta. Si solo vendían al mercado interno, debían pagar la tarifa general (35%).

La Corte también tumbó esta condicionalidad, permitiendo que empresas que compiten con la industria nacional sigan gozando de privilegios tributarios sin el compromiso de exportar. Se estima en cerca de $1.5 billones  el recaudo perdido

 A esto hay que agregarle la protección judicial a los grandes patrimonios. Diversas demandas han buscado y logrado matizar cómo se valoran los activos para el impuesto al patrimonio, permitiendo exclusiones que benefician a las personas de más altos ingresos (el llamado "1% de la población"). Al dilatar o modificar la base de cálculo vía sentencias, se reduce el potencial de recaudo de los sectores que mayor capacidad contributiva tienen.

Es una trampa perfecta: las élites usan a sus abogados para cortarle los ingresos al Estado y luego utilizan sus grandes medios de comunicación para escandalizarse del "hueco fiscal" que ellos mismos han provocado.

​El segundo cerco ha operado desde el Congreso al negar sistemáticamente las iniciativas de reformas de financiamiento y bloquear los presupuestos presentados por el ejecutivo.

​Mientras en gobiernos anteriores la flexibilidad fiscal era una norma para financiar la guerra, hoy se pretende imponer una rigidez absoluta para bloquear la inversión social y la infraestructura en los territorios.  El objetivo es político: impedir que el Gobierno cumpla sus promesas y  debilitar su base popular,  alimentando la falsa narrativa de la "incapacidad administrativa".

​El tercer cerco es el estrangulamiento crediticio. Mientras la economía real sufre por las tasas de interés desproporcionadamente altas del Banco de la República, el sector financiero cosecha utilidades récord. Al privar al Estado de sus ingresos por impuestos (vía cortes) y bloquear su presupuesto (vía Congreso), obligan al Gobierno a buscar financiación en el mercado.

​Aquí se consuma el negocio redondo: el Estado se convierte en cliente cautivo de los mismos bancos que celebran la caída de las reformas. Hoy, el servicio de la deuda devora el 25% del presupuesto nacional, una transferencia masiva de riqueza pública hacia los tenedores de TES, controlados por los mismos conglomerados que manejan la banca y los fondos de pensiones. Las élites han diseñado un sistema donde prefieren cobrar intereses al Estado que pagar impuestos al país. Así han cercado al gobierno del cambio.

Para rematar, una cascada de Demandas de Inconstitucionalidad

​El cerco jurídico se cierra mediante una cascada de demandas que gremios y firmas de abogados de élite presentan por docenas contra cada artículo de las reformas presentadas por el gobierno. Mientras los gremios gritan que hay "inseguridad jurídica" para no invertir, sus abogados usan esa misma justicia para desmontar las fuentes de financiación del gasto social. En muchos casos, estos fallos obligan al Estado a devolver dineros ya recaudados, lo que descuadra la caja de la Nación de forma traumática.

Así acaba de ocurrir con la última decisión de la corte constitucional que tumbó los decretos de emergencia económica que gravaban al 0.2% de la población, los más ricos de los más ricos, que es como quitarle un pelo a un gato, que implica devolverles más de 1 billón y medio de pesos ya pagados.

La crisis fiscal no es otra cosa que el producto de la herencia del gobierno anterior y la asfixia deliberada orquestada desde los círculos del poder.