EL HUECO FISCAL QUE NOS DEJÓ LA LEY 1607 DEL GOBIERNO SANTOS


La crisis financiera de la salud en Colombia no es un mero accidente administrativo; es el resultado de una desfinanciació que comenzó con la Ley 1607 de 2012. Esta norma eliminó el aporte patronal del 8.5% que las grandes empresas pagaban por cada trabajador, rompiendo el flujo de recursos estables y de destinación específica que sostenía al sistema.
Para ocultar este vacío, se creó el CREE, un impuesto transitorio que terminó "licuado" en la bolsa general del presupuesto nacional en 2016. Al perder su identidad contable, la salud dejó de ser un derecho financiado por el trabajo para convertirse en un gasto que compite anualmente con el pago de la deuda pública. Mientras pequeños empresarios como yo, desde Cabañas Colibrí Zafiro, pagamos puntualmente el 12.5% de salud, las grandes corporaciones disfrutan de un subsidio estatal indirecto sobre su nómina que le cuesta al país $10 billones de pesos anuales.
Lo más grave es la irracionalidad del argumento: se prometió que este "regalo" crearía millones de empleos, pero estudios del Banco de la República confirman que el impacto fue marginal. Las empresas simplemente se embolsaron el ahorro como utilidad neta.
La Ley 1607 no fue una política de empleo; fue una operación de ingeniería fiscal para trasladar la responsabilidad de la seguridad social desde el gran capital hacia el Presupuesto General de la Nación.

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