EN 200 PALABRAS RUBÉN OLARTE OPINA QUE...

Colombia sigue organizando sus elecciones con un Código Electoral redactado hace casi cuarenta años, bajo el Decreto 2241 de 1986. Fue expedido en un contexto autoritario, antes de la Constitución del 91, sin debate democrático ni participación ciudadana. Desde entonces, el país ha cambiado profundamente, pero la norma electoral sigue atada a una visión anacrónica del ejercicio democrático. Este código no reconoce los derechos políticos con enfoque de género, étnico o territorial; tampoco establece reglas claras para garantizar la participación efectiva de personas con discapacidad; es más, ignora por completo el papel de la tecnología en los procesos electorales y no protege a la ciudadanía frente a nuevas formas de manipulación digital, como la desinformación y la propaganda dirigida en redes sociales. Tampoco aborda con seriedad la transparencia en la financiación de campañas ni establece herramientas modernas para combatir el clientelismo, el trasteo de votos y la coacción electora...

Mientras los de antes pactaban con mafiosos en la sombra, Petro los enfrenta de cara al país. La doble moral de la vieja política quedó al desnudo. El acto del sábado en Medellín, convocado por el presidente Gustavo Petro, no fue un pacto secreto ni una rendición del Estado. Fue un intercambio político abierto, a la luz del día, transmitido en vivo y frente a miles de ciudadanos. Subieron a la tarima miembros de estructuras criminales que, en otras épocas, entraban a la Alpujarra de noche y por el parqueadero, en carros oficiales, amparados por alcaldías, concejales y caciques políticos que hoy se rasgan las vestiduras. Sí, hubo criminales. Pero no nacieron con Petro. Florecieron durante décadas bajo la mirada cómplice —cuando no la alianza directa— de quienes hoy acusan al presidente de “legitimarlos”. La diferencia es ética: Petro no pacta en lo oscuro, no convoca a hurtadillas como en los tiempos de Uribe, cuando los paramilitares entraban por la puerta trasera de la Casa de Nariño....

La abolición de la esclavitud en Colombia: una ruptura que amplió la democracia. Durante buena parte del siglo XIX, la esclavitud era una institución constitucional y legal en Colombia, heredada del régimen colonial. Estaba profundamente enraizada en la economía agrícola, especialmente en regiones como el Cauca, Bolívar y Antioquia, y era defendida por las élites terratenientes. Pese a intentos graduales de limitación (como la Ley de libertad de vientres de 1821), la esclavitud persistió durante décadas, protegida por las leyes del Estado y el poder económico de los esclavistas. La ruptura institucional se produjo en 1851, bajo el gobierno liberal de José Hilario López, quien impulsó la Ley de Abolición de la Esclavitud, efectiva a partir del 1° de enero de 1852. Esta ley no fue el resultado del consenso de las élites, sino de una decisión política firme, apoyada en movilizaciones afrodescendientes, sectores populares y el ideario liberal radical. El proceso desató un conflicto intern...

La participación directa de Estados Unidos en el conflicto Irán–Israel convierte un enfrentamiento regional en una amenaza global. Colombia no puede ser espectadora: debe alzar su voz en defensa de la paz, el derecho internacional y la vida. El conflicto entre Irán, sus aliados del llamado “Eje de la Resistencia” y el Estado de Israel ha entrado en una fase crítica. Ya no se trata de una guerra regional. La participación directa de Estados Unidos, con bombardeos, tropas desplegadas y respaldo incondicional al gobierno de Netanyahu, abre la puerta a un conflicto de escala universal. Las consecuencias se sentirán en todos los continentes, y América Latina no será la excepción. Colombia, por su historia, su ubicación y sus alianzas internacionales, no puede ser indiferente ni actuar con ingenuidad. Una escalada que involucre bloqueos en el estrecho de Ormuz o enfrentamientos con Hezbolá en Líbano, Yemen y Siria, generará impactos inmediatos en el mercado energético global. Aunque Colo...

No toda ruptura institucional destruye la democracia. A veces, romper el orden establecido es la única vía para conquistar derechos. La historia del voto femenino en Colombia demuestra que hay rupturas que no atentan contra la democracia, sino que la fundan. Hasta bien entrado el siglo XX, el Estado colombiano negó a las mujeres la ciudadanía plena. La Constitución de 1886, blindada por dogmas religiosos y una institucionalidad patriarcal, las relegaba al hogar y las trataba como “menores civiles”. Frente a esa exclusión estructural, la lucha feminista fue una rebelión necesaria. Mujeres como Esmeralda Arboleda, Ofelia Uribe de Acosta y María Currea de Aya no esperaron a que los partidos tradicionales les abrieran la puerta: irrumpieron desde la sociedad civil, escribiendo, organizándose, exigiendo. El sistema político, anquilosado y misógino, no les ofrecía canales legales: por eso la ruptura era inevitable. Paradójicamente, fue un régimen militar el que materializó esa transformac...

El atentado contra Miguel Uribe Turbay es condenable desde todo punto de vista. Pero culpar al Gobierno, a la polarización o a una narrativa ideológica, como lo hace el columnista de la revista Cambio Yohir Akerman, es una tesis tan peligrosa como imprecisa. Confunde al victimario con el debate político y pretende ocultar lo que es evidente: estamos ante un hecho criminal, no ideológico. No hay hordas petristas armadas. No hay enfrentamientos en las calles o en los cafetines entre fanáticos de los extremos. No hay pruebas de que un discurso gubernamental haya motivado a un menor a disparar. Lo que sí hay es un país donde el crimen organizado permea instituciones, usa menores como sicarios y actúa con total impunidad. Responsabilizar a Petro del odio es replicar, con otro tono, las viejas formas de la ultraderecha: deslegitimar al adversario acusándolo de sembrar violencia, sin pruebas, pero con efectos políticos calculados.  La democracia necesita debate fuerte, no unanimis...

La decisión del Congreso de negar inicialmente la consulta popular sobre la reforma laboral no fue un ejercicio autónomo de deliberación legislativa, sino la manifestación de un bloqueo institucional orquestado para impedir que los derechos laborales fueran discutidos con el protagonismo que el pueblo exige. Ni siquiera se permitió el debate: se archivó en silencio, lo que confirma una actitud antidemocrática y elitista. Sin embargo, ante la creciente movilización social, el respaldo del Gobierno del Cambio y el impacto mediático de la consulta, el Congreso reaccionó con una maniobra de contención simbólica: revivir el debate en el Senado no como expresión genuina de voluntad legislativa, sino como estrategia para desactivar la indignación y simular apertura al cambio. Este gesto no repara el daño institucional ya cometido. El Congreso perdió autoridad moral para erigirse como foro legítimo de representación popular cuando prefirió blindarse en tecnicismos antes que abrirse al diálog...

En medio del cerco institucional que enfrenta el proyecto de transformación democrática en Colombia, se ha planteado una hipótesis a mi juicio extrema: que el Presidente de la República podría, en uso de sus facultades, desconocer los efectos jurídicos de la decisión del Senado que negó el proyecto de ley para convocar una consulta popular, alegando que dicha actuación violó principios y valores constitucionales. Desde el punto de vista político, el argumento refleja el cansancio ante el bloqueo legislativo. Pero desde el derecho constitucional, esa tesis es insostenible. La Carta Política de 1991 es clara: solo la Corte Constitucional y el Consejo de Estado pueden declarar la invalidez de los actos del Congreso. El Presidente no puede ejercer control de constitucionalidad por su cuenta, ni bajo la idea del “control difuso”, que corresponde exclusivamente a jueces en procesos concretos, no al Ejecutivo. Tampoco se trata de una ley que requiera sanción presidencial: el artículo 378 est...

Colombia se encuentra en una encrucijada política profunda. El mandato por el cambio que expresó el pueblo en las urnas en 2022 —con propuestas de reforma a la salud, el trabajo, las pensiones y la educación— ha sido reiteradamente obstaculizado por un Congreso que no representa ese mandato. Lo que hay no es deliberación democrática, sino un bloqueo político sistemático por parte de sectores atrincherados en intereses corporativos y clientelistas. Ante esta parálisis, el presidente Gustavo Petro ha planteado acudir a una consulta popular mediante decreto. Lejos de constituir un gesto autoritario, se trata de una figura excepcional que responde a una Ruptura Institucional Democrática (RID): una salida extraordinaria, nacida de la soberanía ciudadana, que busca restaurar el principio democrático cuando las vías ordinarias han sido clausuradas por los poderes tradicionales. A diferencia de las rupturas impuestas por la fuerza, que concentran el poder, anulan libertades y recortan derechos...

Colombia atraviesa una grave crisis de gobernabilidad. Las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno del Cambio han sido bloqueadas sistemáticamente por una coalición informal de congresistas, sectores de las altas cortes y medios de comunicación que actúan como guardianes del viejo régimen. Este cerco institucional no solo impide el avance de reformas sociales urgentes, sino que desconoce el mandato democrático que eligió al presidente Gustavo Petro en 2022. Frente a este panorama, una ruptura institucional democrática no representa una amenaza para las instituciones, sino una vía legítima para devolverles su sentido original. A diferencia de una ruptura autoritaria o violenta, la ruptura institucional democrática se basa en el principio de soberanía popular, consagrado en el artículo 1º de la Constitución de 1991. Cuando los canales institucionales están capturados o son utilizados para bloquear el cambio exigido por las mayorías, corresponde al pueblo reconfigurar el pacto p...