LA RUPTURA INSTITUCIONAL JUSTICIERA: CUANDO ABOLIR LA ESCLAVITUD SIGNIFICÓ DESAFIAR EL PODER.

La abolición de la esclavitud en Colombia: una ruptura que amplió la democracia. Durante buena parte del siglo XIX, la esclavitud era una institución constitucional y legal en Colombia, heredada del régimen colonial. Estaba profundamente enraizada en la economía agrícola, especialmente en regiones como el Cauca, Bolívar y Antioquia, y era defendida por las élites terratenientes. Pese a intentos graduales de limitación (como la Ley de libertad de vientres de 1821), la esclavitud persistió durante décadas, protegida por las leyes del Estado y el poder económico de los esclavistas. La ruptura institucional se produjo en 1851, bajo el gobierno liberal de José Hilario López, quien impulsó la Ley de Abolición de la Esclavitud, efectiva a partir del 1° de enero de 1852. Esta ley no fue el resultado del consenso de las élites, sino de una decisión política firme, apoyada en movilizaciones afrodescendientes, sectores populares y el ideario liberal radical. El proceso desató un conflicto interno de proporciones enormes: los sectores conservadores del Cauca, Antioquia y Cundinamarca se levantaron en armas contra lo que consideraban un “atentado contra la propiedad privada”. Pero la República se mantuvo firme, y la abolición se concretó como un acto irreversible de justicia histórica. Fue una ruptura institucional democrática? Sí. Fue una ruptura del sistema jurídico esclavista en nombre de un principio superior: la libertad y la igualdad como bases de la ciudadanía. Aunque se hizo por ley, fue una decisión disruptiva que desbordó los pactos sociales vigentes hasta entonces, transformando el horizonte democrático de la nación.

Comentarios

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

CÉSAR GAVIRIA ARMÓ EN 1991 UN FESTÍN PRIVATIZADOR Y PUSO EL ESTADO AL SERVICIO DE SARMIENTO ANGULO

El Artículo Transitorio 20 de la Constitución de 1991 permitió al Gobierno Nacional reestructurar entidades del Estado en un plazo de 18 meses. Bajo este mandato, el presidente César Gaviria lideró un proceso agresivo de privatización, enmarcado en la cuestionada agenda de apertura económica impuesta por el Consenso de Washington. Se vendieron 30 entidades financieras, incluyendo los bancos de los Trabajadores, Tequendama, del Comercio, de Colombia y Corpavi, entregando activos públicos por apenas 687 millones de dólares. El principal beneficiario de esta oleada privatizadora fue el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo. A través del Grupo Aval, expandió sin contención su poder en el sistema financiero colombiano. En 1992, el Banco de Bogotá —bajo su control— absorbió el Banco del Comercio. Posteriormente, adquirió el Banco Popular, AV Villas y el Banco de Occidente, afianzando una hegemonía que hoy condiciona buena parte del destino económico del país. Este proceso no fue una simple mo...
Leer más

LA ALPUJARRA DE FRENTE: LA PAZ NO SE CONSTRUYE A ESCONDIDAS

Mientras los de antes pactaban con mafiosos en la sombra, Petro los enfrenta de cara al país. La doble moral de la vieja política quedó al desnudo. El acto del sábado en Medellín, convocado por el presidente Gustavo Petro, no fue un pacto secreto ni una rendición del Estado. Fue un intercambio político abierto, a la luz del día, transmitido en vivo y frente a miles de ciudadanos. Subieron a la tarima miembros de estructuras criminales que, en otras épocas, entraban a la Alpujarra de noche y por el parqueadero, en carros oficiales, amparados por alcaldías, concejales y caciques políticos que hoy se rasgan las vestiduras. Sí, hubo criminales. Pero no nacieron con Petro. Florecieron durante décadas bajo la mirada cómplice —cuando no la alianza directa— de quienes hoy acusan al presidente de “legitimarlos”. La diferencia es ética: Petro no pacta en lo oscuro, no convoca a hurtadillas como en los tiempos de Uribe, cuando los paramilitares entraban por la puerta trasera de la Casa de Nariño....
Leer más

CUANDO EL MUNDO ARDE, COLOMBIA DEBE HABLAR CON DIGNIDAD: POR UNA POLÍTICA EXTERIOR QUE SALVE VIDAS

La participación directa de Estados Unidos en el conflicto Irán–Israel convierte un enfrentamiento regional en una amenaza global. Colombia no puede ser espectadora: debe alzar su voz en defensa de la paz, el derecho internacional y la vida. El conflicto entre Irán, sus aliados del llamado “Eje de la Resistencia” y el Estado de Israel ha entrado en una fase crítica. Ya no se trata de una guerra regional. La participación directa de Estados Unidos, con bombardeos, tropas desplegadas y respaldo incondicional al gobierno de Netanyahu, abre la puerta a un conflicto de escala universal. Las consecuencias se sentirán en todos los continentes, y América Latina no será la excepción. Colombia, por su historia, su ubicación y sus alianzas internacionales, no puede ser indiferente ni actuar con ingenuidad. Una escalada que involucre bloqueos en el estrecho de Ormuz o enfrentamientos con Hezbolá en Líbano, Yemen y Siria, generará impactos inmediatos en el mercado energético global. Aunque Colo...
Leer más