UN CÓDIGO ELECTORAL DEL SIGLO PASADO NO PUEDE GARANTIZAR UNA DEMOCRACIA DEL SIGLO XXI

Colombia sigue organizando sus elecciones con un Código Electoral redactado hace casi cuarenta años, bajo el Decreto 2241 de 1986. Fue expedido en un contexto autoritario, antes de la Constitución del 91, sin debate democrático ni participación ciudadana. Desde entonces, el país ha cambiado profundamente, pero la norma electoral sigue atada a una visión anacrónica del ejercicio democrático. Este código no reconoce los derechos políticos con enfoque de género, étnico o territorial; tampoco establece reglas claras para garantizar la participación efectiva de personas con discapacidad; es más, ignora por completo el papel de la tecnología en los procesos electorales y no protege a la ciudadanía frente a nuevas formas de manipulación digital, como la desinformación y la propaganda dirigida en redes sociales. Tampoco aborda con seriedad la transparencia en la financiación de campañas ni establece herramientas modernas para combatir el clientelismo, el trasteo de votos y la coacción electoral. Todo esto debilita la confianza ciudadana en las instituciones y frena la renovación política. En 2021, la Corte Constitucional anuló el intento más reciente de reforma por errores de trámite en el Congreso; desde entonces, no ha habido avances sustanciales. Es inadmisible que una democracia moderna opere con reglas electorales del siglo pasado. Actualizar el Código Electoral no es un asunto técnico, es una necesidad política. La democracia colombiana no puede seguir en manos de una arquitectura institucional que favorece a los mismos de siempre y excluye a las mayorías. Si de verdad queremos ampliar la participación, garantizar elecciones limpias y fortalecer el poder ciudadano, hay que empezar por la base: el sistema que regula cómo votamos. Un nuevo código electoral es una deuda histórica del Estado colombiano… y una tarea impostergable para el gobierno del cambio.

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