EL CONGRESO REACCIONA POR CÁLCULO, NO POR CONVICCIÓN DEMOCRÁTICA

La decisión del Congreso de negar inicialmente la consulta popular sobre la reforma laboral no fue un ejercicio autónomo de deliberación legislativa, sino la manifestación de un bloqueo institucional orquestado para impedir que los derechos laborales fueran discutidos con el protagonismo que el pueblo exige. Ni siquiera se permitió el debate: se archivó en silencio, lo que confirma una actitud antidemocrática y elitista. Sin embargo, ante la creciente movilización social, el respaldo del Gobierno del Cambio y el impacto mediático de la consulta, el Congreso reaccionó con una maniobra de contención simbólica: revivir el debate en el Senado no como expresión genuina de voluntad legislativa, sino como estrategia para desactivar la indignación y simular apertura al cambio. Este gesto no repara el daño institucional ya cometido. El Congreso perdió autoridad moral para erigirse como foro legítimo de representación popular cuando prefirió blindarse en tecnicismos antes que abrirse al diálogo social. Hoy, más que nunca, la consulta popular se justifica no solo como mecanismo de participación directa, sino como respuesta legítima frente a una élite política que juega al desgaste y al engaño. No hay voluntad de cambio: hay temor al pueblo.