EL DÍA QUE LA RUPTURA INSTITUCIONAL HIZO JUSTICIA: CUANDO LAS MUJERES CONQUISTARON EL VOTO

No toda ruptura institucional destruye la democracia. A veces, romper el orden establecido es la única vía para conquistar derechos. La historia del voto femenino en Colombia demuestra que hay rupturas que no atentan contra la democracia, sino que la fundan. Hasta bien entrado el siglo XX, el Estado colombiano negó a las mujeres la ciudadanía plena. La Constitución de 1886, blindada por dogmas religiosos y una institucionalidad patriarcal, las relegaba al hogar y las trataba como “menores civiles”. Frente a esa exclusión estructural, la lucha feminista fue una rebelión necesaria. Mujeres como Esmeralda Arboleda, Ofelia Uribe de Acosta y María Currea de Aya no esperaron a que los partidos tradicionales les abrieran la puerta: irrumpieron desde la sociedad civil, escribiendo, organizándose, exigiendo. El sistema político, anquilosado y misógino, no les ofrecía canales legales: por eso la ruptura era inevitable. Paradójicamente, fue un régimen militar el que materializó esa transformación. En 1954, el general Rojas Pinilla promulgó la Ley 28 que reconoció el derecho al voto de las mujeres. Sin Congreso deliberante y sin consultar a las élites, el decreto representó un salto democrático desde un acto autoritario. Tres años después, más de un millón de colombianas votaron por primera vez. Esa ruptura fue legítima porque reparó una injusticia histórica. No toda legalidad es justa ni toda ruptura es ilegítima. Cuando el sistema excluye, resistir no solo es un derecho: es una obligación moral. Hoy, cuando se criminalizan propuestas como la consulta popular, conviene recordar: la democracia también se construye desobedeciendo lo injusto.