LA REFORMA TRIBUTARIA QUE DEJA PETRO A CONSIDERACIÓN DEL NUEVO CONGRESO ES PROGRESIVA

La reforma tributaria que deja Petro a consideración del nuevo congreso de Petro acierta en lo progresivo y tiene como norte, la equidad.

Por Rubén Olarte Reyes

Hablar de impuestos en Colombia suele ser un asunto que genera tensión. Sin embargo, en un país donde la desigualdad ha sido históricamente una constante estructural, discutir la arquitectura tributaria no es un asunto meramente contable: es un debate ético sobre qué tipo de sociedad queremos financiar. Bajo esa premisa, el modelo tributario impulsado por el gobierno saliente de Gustavo Petro deja una huella conceptual innegable: consolidó el principio de que quien tiene más, debe aportar proporcionalmente más.

El corazón de esta propuesta fiscal radica en su carácter eminentemente progresivo. A diferencia de las fórmulas tradicionales del pasado, que solían recargar los ingresos del Estado en impuestos indirectos como el IVA —un gravamen ciego que golpea con la misma severidad al trabajador de salario mínimo que al gran inversionista—, la estrategia de esta administración se enfocó en gravar directamente el capital, los altos patrimonios y los sectores extractivos.

El concepto de progresividad tributaria no es un capricho ideológico; es un mandato constitucional y una recomendación recurrente de organismos internacionales como la OCDE. La lógica es simple: gravar la capacidad contributiva real. Al apretar las tuercas al impuesto sobre el patrimonio para los estratos de mayores ingresos, reducir los techos de exenciones para las rentas altas y elevar la retención a dividendos y ganancias ocasionales, el Estado capturó recursos allí donde existe holgura financiera, evitando asfixiar el consumo básico de las capas populares.

A esto se suma el tratamiento diferencial a las industrias extractivas y al sector financiero. Exigir una mayor contribución a las grandes corporaciones minero-energéticas en momentos de rentas extraordinarias, o mantener sobretasas al sector bancario, responde a una visión en la que la riqueza generada a partir de los recursos de todos los colombianos o del apalancamiento del sistema financiero debe retornar en mayor proporción para cubrir el gasto social.

Ciertamente, ninguna reforma es perfecta y los debates sobre su impacto en la inversión privada o en los costos indirectos de los combustibles son válidos y necesarios. Sin embargo, en el balance general, el giro es claro: la política fiscal dejó de ser un instrumento neutro para consolidarse como una herramienta activa de redistribución.

En un momento donde la deuda pública exige responsabilidad y disciplina, financiar la inversión social sin recurrir a la vía fácil de encarecer la canasta familiar representa un hito. La progresividad tributaria no solo equilibra las cuentas del Estado; le devuelve la equidad al contrato social colombiano.